Territorium Life, la empresa contratada para aplicar el polémico examen de ingreso en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido decenas de contratos de instituciones públicas por un monto acumulado superior a los 218 millones de pesos.
La firma ha prestado servicios tecnológicos, educativos y de evaluación al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el extinto Consejo de la Judicatura Federal, universidades públicas y otros organismos gubernamentales.
Su participación en el proceso de admisión de la UNAM quedó bajo cuestionamiento después de que aspirantes denunciaran irregularidades, fallas técnicas y posibles ventajas para quienes utilizaron herramientas digitales o recibieron ayuda externa durante la prueba.
Un contrato millonario con la Universidad
En marzo de 2026, la UNAM adjudicó directamente a Territorium Life el servicio para operar sus exámenes virtuales. El contrato contempló un monto mínimo de aproximadamente 40.7 millones de pesos y un máximo superior a los 101.7 millones, dependiendo del número de evaluaciones aplicadas.
La empresa debía proporcionar la plataforma, verificar la identidad de los aspirantes, resguardar las preguntas, supervisar la aplicación del examen y detectar comportamientos irregulares mediante inteligencia artificial y vigilancia humana.
También debía generar reportes, conservar evidencias y garantizar que el proceso se desarrollara bajo condiciones de seguridad, confidencialidad y equidad.
Precisamente por esas obligaciones, la controversia no se limita a los estudiantes que presuntamente hicieron trampa. También pone bajo la lupa la eficacia de la empresa y la supervisión realizada por la propia Universidad.
Una larga lista de clientes públicos
Territorium Life no comenzó su relación con el gobierno a partir del examen de la UNAM. Durante los últimos años ha obtenido contratos con diferentes instituciones.
Entre sus principales clientes aparece el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, que le habría pagado alrededor de 50.5 millones de pesos por servicios relacionados con la aplicación y supervisión de evaluaciones a distancia.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también contrató a la empresa para realizar exámenes de nuevo ingreso y procesar resultados, con operaciones que en conjunto rondarían los 31.6 millones de pesos.
A esto se suman contrataciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Digital del Estado de México, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La empresa también ha trabajado con organismos electorales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México contrató una plataforma para evaluar a supervisores y capacitadores, mientras que el Instituto Nacional Electoral adquirió servicios para el funcionamiento de un centro virtual.
Aspirantes exigen transparencia
Tras conocerse los resultados del examen de ingreso, aspirantes rechazados y sus familiares se manifestaron en Ciudad Universitaria para exigir explicaciones y una revisión del proceso.
Los inconformes señalaron que la aplicación en línea no garantizó las mismas condiciones para todos. También denunciaron posibles fallas de vigilancia, problemas tecnológicos y puntajes inusualmente elevados en algunas carreras.
Entre sus demandas se encuentran la publicación de información detallada sobre las irregularidades detectadas, la revisión de los exámenes cuestionados y la reposición presencial de la prueba.
El reclamo central es que miles de jóvenes pudieron haber competido en un proceso desigual, mientras una empresa privada recibió un contrato millonario para garantizar precisamente lo contrario.
La UNAM deberá deslindar responsabilidades
La Universidad deberá determinar si Territorium Life cumplió con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el contrato, así como explicar qué controles fallaron y quién asumirá la responsabilidad por las irregularidades.
El caso ha abierto una discusión más amplia sobre la contratación de empresas privadas para operar procesos académicos decisivos y sobre la transparencia con la que se utilizan los recursos de las instituciones públicas.
Mientras continúan las investigaciones, miles de aspirantes siguen esperando una respuesta clara: si el examen fue verdaderamente confiable, si los resultados pueden sostenerse y si existieron condiciones justas para competir por un lugar en la máxima casa de estudios.
